…A PROPÓSITO DE ESTRUCTURAS QUE COLAPSAN EN 2018

La frágil estructura que soporta el sistema de educación superior ha tocado fondo tras los recientes acontecimientos de finales del año anterior y comienzos del presente, que han afectado en modo grave el buen nombre de entidades públicas y programas del sector educativo, a la par con la pérdida de confianza que tales hechos generan en la sociedad, síntoma inequívoco del mal momento por el que atraviesa el sistema de educación superior, precipitando así una crisis que le impone en esta hora a la comunidad académica y científica colombiana –principalmente-, la tarea de convocar de forma inmediata a los principales actores del sistema con el propósito de reafirmar los postulados de cambio expresados de tiempo atrás por la Misión de Sabios, “Colombia al filo de la oportunidad”, el “Acuerdo por lo Superior 2034” del CESU y tantos otros trabajos de rectores, docentes, estudiantes, expertos académicos, investigadores sociales,        empresarios, asociaciones nacionales y organismos internacionales, respecto de la orientación que debe guiar la educación superior  en el hoy y en el mañana.

Siendo uno de los principales llamados aquel que demanda la construcción de un sistema autónomo y cohesionado, que responda a las necesidades de articulación institucional y brinde soluciones a los crecientes problemas de acceso y equidad que afectan a la educación de primera infancia, la baja calidad que sigue acompañando la educación primaria y secundaria, niveles decrecientes en educación media, sumado a la fallida imposición del SNET lo que no niega la importancia de su inserción a la estructura normativa con amplia perspectiva nacional e internacional, como resultado de los acuerdos que se materialicen entre los principales protagonistas del sistema educativo colombiano. Recordemos que el proyecto de Ley desarrollaba el Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET, decretando la creación de dos pilares: 1) educación universitaria y 2) educación técnica y formación profesional terciaria, éste último integrado por oferta entregada al país a través de instituciones de educación superior públicas y privadas (sin ánimo de lucro) e instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano (con ánimo de lucro). Agrupar esta oferta en un solo pilar, desconociendo la naturaleza disímil de las instituciones, sus regímenes normativos, sus objetivos y propósitos, sus sistemas de aseguramiento de la calidad, -entre otros-, contribuiría a que la educación técnica profesional y tecnológica, que representa hoy el 32% de la matrícula de educación superior en el país, y alternativa de profesionalización para la juventud, desaparezca.  Eventualmente en un futuro ésta sería ofertada por instituciones de educación no formal mejor conocidas como de “Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano”, FTDH, constituidas como empresas con ánimo de lucro.

Conviene volver una vez más sobre la urgencia de impulsar los cambios que requiere la Ley 30 de 1992, desde el proyecto   promovido en 2011 por la entonces Ministra de Educación María Fernanda Campo, iniciativa esta que tendría que haber merecido mejor suerte, de habernos unido todos en su favor. La Ley 30 es uno de esos “inamovibles” que es conveniente remover de una vez por todas, para abrirle paso a las nuevas oportunidades que ofrece la revolución educativa en marcha en varios países a tono con la modernidad.

Otro de los desajustes estructurales y no menos importante, es el referido a la financiación de la educación superior pública.  Todos los años y durante todo el año las Universidades y las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias-ITTU, invierten buena parte de su tiempo –que debería estar dedicado a su quehacer académico-, a sortear toda clase de obstáculos en las instancias gubernamentales en procura de obtener recursos de la nación que contribuyan a disminuir los altos niveles históricos de desfinanciación de sus instituciones,  y en paralelo,  buscar reducir la brecha de desigualdad en las transferencias de la nación que hoy reciben las 32 universidades públicas respecto de las 29 ITTU públicas.

La dimensión de este problema amerita toda la atención y los esfuerzos necesarios de los rectores de las Universidades e ITTU públicas, en el diseño de un modelo de distribución que corresponda a la naturaleza de las IES, y confiar en que los factores y variables del modelo sean tan poderosos en su fundamentación y rigurosidad técnica, que haga innecesario la práctica desgastadora del “lobbying” donde con frecuencia impera la ley del más fuerte y ruidoso.

Ahora bien, si iniciar los procesos de acreditación de alta calidad de las IES son en esencia un acto voluntario como lo señala la ley, porqué las políticas públicas de fomento a la calidad, en sus diferentes versiones, promueven la exclusión de las instituciones de educación superior que aún no logran tal condición, y que luchan diariamente por alcanzarla en medio de la adversidad y las barreras burocráticas que se le oponen, para no mencionar el alto costo de inversión que les demanda atender el proceso en sus diferentes etapas, que les obliga a comprometer cuantiosos recursos no siempre existentes en sus presupuestos, lo que conduce a las instituciones en no pocos casos, a situarse en condición de extrema vulnerabilidad. Concentrar los recursos públicos de fomento a la educación superior con exclusividad en las IES que hoy ostentan la acreditación de alta calidad, en desmedro de la gran mayoría de IES sin tal acreditación, es un incentivo perverso que debe ser erradicado de la administración pública.

Quiero referirme ahora a los recientes sucesos acaecidos en el Sena, Icetex y Colciencias, unidos por el mismo hilo delgado con que se teje la politiquería cuando esta se entromete en la administración de lo público. No ha sido casual que en un breve lapso de tiempo los tres directores hayan sido destituidos de sus cargos, dejando tras de si una espesa tela de humo donde se combinan denuncias muy serias de parte y parte sobre los verdaderos orígenes de los escándalos que precipitaron su retiro. El tiempo dirá cuánta verdad existe detrás de estos infortunados sucesos que minan la credibilidad ciudadana, considerada el mayor activo social que poseen estas importantes entidades del sistema educativo.

La pérdida de rumbo que ha caracterizado al Sena desde hace más de una década, tuvo su momento más revelador cuando el año pasado a propósito del proyecto de ley por “la vía rápida”, pretendía,  -llevado de la mano por el Ministerio del Trabajo-,   que se le otorgara nivel de educación superior a la formación impartida por el Sena, tomando distancia de su verdadero objeto misional e incursionando en los terrenos de la educación superior sin apego a las exigencias que en materia de calidad, por ejemplo, se le exigen al conjunto de las instituciones TyT tanto públicas como privadas para acceder a los registros calificados de sus programas. Y, por si fuera poco, esta oferta de programas técnicos y tecnológicos desprovistos de una exigente evaluación de calidad, se imparte sin costos de matrícula para los estudiantes gracias al monopolio que ejerce sobre los aportes parafiscales, en detrimento de las instituciones TyT públicas cuyo ingreso por concepto de matrículas alcanza en promedio el 30% de su total de ingresos operacionales. A manera de conclusión, el asunto Sena gravita en el centro de la desinstitucionalización como organización representativa del sector educativo colombiano.

En cuanto al Icetex, transformado ahora en una versión trasnochada denominada pomposamente como “nuevo modelo de negocios”, ve recompensada su intensa labor de cabildeo en el Congreso,  con la aprobación del articulo 369 de la Ley 1819 de 2017 agregado a última hora en la comisión accidental de conciliación del texto entre Senado y Cámara, donde se le asignan al Icetex funciones de administrador del «Fondo del Servicio Integral de Educación  Superior FOSIES” para gestionar los recursos del “Sistema de Financiación Contingente al Ingreso” destinado con exclusividad a asegurar la permanencia de estudiantes en universidades con acreditación de alta calidad mediante la financiación de becas o créditos educativos. A continuación, el artículo 369 señala que “este fondo podrá recibir los recursos del cuarenta por ciento (40 por ciento) a los que se refiere el literal b del artículo 468 del Estatuto Tributario. Estos recursos también podrán destinarse a la financiación de programas consistentes en becas y/o créditos educativos otorgados por el Icetex”.

Una vez más se evidencia el carácter excluyente no tan solo para las Universidades no acreditadas, sino extendida la exclusión a las ITTU públicas y privadas, con lo que se asesta un duro golpe dado el alto número de estudiantes que hoy reciben el beneficio de beca/crédito, el número de programas que atienden principalmente a población vulnerable (grupos étnicos, víctimas, de frontera, pobreza extrema, regiones apartadas, etc), afectando en gran proporción el promedio de nuevos créditos esperados para este año, menguados por la restricción.

La solución no es reducir la atención a las ITTU condenándolas a mendigar subsidios u otras formas de asistencialismo crediticio, reproduciendo viejas prácticas que nos recuerdan que algunas organizaciones están aún muy lejos de alcanzar altos estándares de calidad y pertinencia, cuando de atender las demandas de los jóvenes estudiantes de medios y bajos ingresos urbanos y rurales se trata.

Finalmente, la comunidad académica y científica colombiana se duele continuamente del abandono estructural de los gobiernos nacionales en relación con la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura. Sus continuos llamados a la sociedad procurando el apoyo ciudadano a sus anhelos de encaminar al país hacia horizontes de progreso y modernidad colectivos, encuentran desafortunadamente poco eco entre quienes tienen en sus manos la posibilidad de torcer la historia del culto al atraso e indiferencia de buena parte de la dirigencia política, de cara a los desafíos que superan los mezquinos cálculos  de corto plazo y nos invitan a soñar y a trascender como seres humanos y a prodigar desde la sabiduría ancestral,  desde el nuevo conocimiento y la investigación científica, innovadoras soluciones a los problemas cruciales de la sociedad , lo ambiental y los propios derivados del desarrollo de las naciones, hasta alcanzar estados de bienestar y prosperidad que aseguren la prevalencia de la naturaleza humana sobre la tierra.

Colciencias no ha escapado a este turbulento desajuste estructural, muy a nuestro pesar; reiteramos nuestra firme convicción de acompañar a la comunidad académica y científica del país al rescate de la institución y a su proyección en los ámbitos nacionales e internacionales, cualesquiera sea la forma que en un próximo futuro decida adoptar para alcanzar las cumbres más altas en la infinitud del espacio.